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Carmen Ámez, secretaria regional de la FSP de UGT.
Carmen Ámez, secretaria regional de la FSP de UGT.

“El desprestigio al que someten al empleado público es la primera señal de las privatizaciones”

UGT advierte que no consentirá un fraccionamiento del pago de la parte de la extra que se debe a los funcionarios
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Valladolid

“Existen las líneas rojas y la Junta de Castilla y León está a punto de cruzar una. Está sometiendo a los empleados públicos a un juego brutal y el desprestigio es la primera señal de las privatizaciones”. Así de contundente de ha mostrado hoy la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Ámez al hacer un balance del “duro” año soportado por los empleados públicos y que “aunque algo mejor que 2012”, ha servido “para consolidar recortes”.

En su intervención ante los medios de comunicación Ámez ha sido tajante a la hora de rechazar que el pago de la parte proporcional de la paga extra que se adeuda a los funcionarios y que ya ha sido reconocido en varias sentencias firmes pueda fraccionarse como ya ha apuntado la consejera de Hacienda Pilar del Olmo. “Es una minucia de dinero. Lo que se debe oscila entre los 200 y los 600 euros en el peor de los casos y en total puede rondar los 12 millones de euros. No vamos a consentir que se fraccione ese pago mientras la Junta sigue prefiriendo pagar costas en los juzgados antes que sentarse a negociar con los sindicatos”, advirtió la responsable de la FSP antes de recordar el caso de los agentes medioambientales (a los que también se adeuda el pago de un complemento desde hace años). Un caso que pone de manifiesto, según Ámez que “esta Junta de Castilla y León se caracteriza por pagar sólo cuando se lo exige la Justicia y por pagar más que si se sentara a negociar”.

Y es que después de que el secretario de Estado desautorizara a la consejera de Hacienda advirtiendo de que el pago de la parte proporcional de la paga extra que se adeuda no se abonaría en tanto en cuanto no se pronunciara el Tribunal Constitucional, aún no se ha convocado formalmente la mesa de negociación oportuna con los sindicatos para abordar la fórmula para pagar lo que se debe, aunque sí que han existido los contactos extraoficiales con las distintas centrales sindicales.

“UGT no va a quitar ninguna demanda de cuantas ha presentado”, advierte Ámez, convencida de que esa mesa “ya tenía que estar reunida” después de que la consejera haya propuesto “pagar en dos plazos”.

En el repaso a la actuación de la Junta, que básicamente se resume “en un acoso mediático contra el empleado público”, la responsable de UGT criticó con dureza “la consolidación de los recortes”, la aplicación de “la tasa de reposición 0” y la “ausencia total” de contratos para cubrir bajas, permisos, vacaciones, así como la no convocatoria de concursos de traslados.

“Estamos viviendo el cuarto año consecutivo de congelación salarial, al que hay que sumar la bajada de sueldo media del 5% sufrida con anterioridad”, denunció Ámez, convencida de que todos estos recortes están provocando “una pérdida de calidad de los servicios públicos, ya que con menos gente se sigue realizando el mismo trabajo o más”.

Los EREs articulados en el Servicio Público de Empleo y en la Fundación Siglo, así como “la imposibilidad de firmar determinados convenios como el de Agricultura por la necedad de determinados directivos”, fueron otros de los aspectos en los que Ámez centró su crítica a un poder ejecutivo regional que “confunde información con negociación”.

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